La agenda política nacional se polariza alrededor de la nueva Ley General de Aguas: mientras el Ejecutivo promueve la iniciativa con enfoque en rectoría del Estado y combate al mercado de concesiones, productores y organizaciones sociales demandan ajustes, garantías de uso histórico y exclusiones para pequeños propietarios.

En varias entidades se han instalado parlamentos abiertos y se han entregado resolutivos a legisladores; algunos diputados locales han anunciado 12 propuestas de cambio. El debate incluye la creación de un catálogo de delitos hídricos y penas severas, lo que ha encendido críticas por posible criminalización de usos tradicionales. El asunto ya impacta la dinámica legislativa y las agendas de las comisiones pertinentes.