Tras meses de debate, la Cámara de Diputados ha aprobado la Ley General de Transición Hídrica, una reforma estructural largamente esperada que moderniza la gestión del agua en México.

Esta ley redefine las atribuciones de la CONAGUA y establece mecanismos de participación ciudadana vinculante en la toma de decisiones sobre cuencas y acuíferos.

Lo más destacado es la implementación de tarifas progresivas para grandes usuarios (industria y agro-negocios) que excedan límites de consumo establecidos y la obligatoriedad de utilizar sistemas de reciclaje y cosecha de lluvia.

El objetivo central es combatir la sobreexplotación de acuíferos y asegurar el abasto prioritario para el consumo humano, cumpliendo con el mandato constitucional del derecho al agua de manera equitativa y sostenible en todo el territorio nacional.