El 3 de enero de 2026, en un operativo catalogado por la Casa Blanca como una “acción de gran escala”, el presidente de Estados Unidos anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, generando repercusiones políticas, legales y geopolíticas a nivel global. 

Según declaraciones oficiales, la incursión tuvo lugar en la madrugada en Caracas y otras zonas, con el objetivo de capturar al jefe de Estado venezolano y su entorno más cercano, acusados por Washington de narcotráfico, narco-terrorismo y tráfico de armas. La operación combinó bombardeos selectivos para neutralizar capacidades militares y unidades de fuerzas especiales para asegurar la detención. Posteriormente, Maduro y Flores fueron trasladados directamente a Estados Unidos, donde enfrentan una serie de cargos en una corte federal de Nueva York. 

El presidente estadounidense declaró que la acción fue “exitosa” y que no hubo bajas en las fuerzas norteamericanas, además de afirmar que el gobierno estadounidense administrará Venezuela hasta una “transición segura”. Venezuela declaró estado de emergencia y designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, respaldada por las fuerzas armadas y el Tribunal Supremo de Justicia local. 

Este acontecimiento representa un punto de inflexión sin precedentes en las relaciones hemisféricas y el orden internacional contemporáneo. La captura de un jefe de Estado en ejercicio por parte de fuerzas extranjeras plantea debates jurídicos y éticos en torno al derecho internacional, soberanía estatal y competencia de tribunales domésticos para juzgar a líderes extranjeros. Las reacciones de diversos países y organismos multilaterales han sido mixtas, con denuncias de violación al derecho internacional por parte de algunos gobiernos y respaldo de opositores al régimen de Maduro. 

Además, la implicación estratégica de recursos naturales como el petróleo y los efectos sobre la seguridad regional posicionan este hecho en el centro de la agenda política y económica de América Latina para 2026. 

A medida que Maduro enfrenta la justicia estadounidense en un tribunal federal, la comunidad internacional monitorea la evolución política en Venezuela y las implicaciones de esta operación para la estabilidad regional, el marco legal internacional y las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países latinoamericanos