El 22 de octubre de 2025, la International Court of Justice (ICJ) solicitó oficialmente a Israel que permita la entrada de ayuda de la United Nations y garantice condiciones mínimas de vida para los palestinos en la Franja de Gaza. 

En su documento, el tribunal manifestó que, aunque se trata de una opinión consultiva, el derecho internacional aplicable exige que el Estado ocupante adopte “todas las medidas necesarias” para evitar un sufrimiento humanitario. Esta decisión ocurre en un momento de tensión incrementada tras meses de conflicto, y la comunidad internacional observa si Israel modifica su política de bloqueo y entradas de ayuda. La ICJ recordó que la obligación estatal no sólo es evitar daños directos, sino también asegurar el cumplimiento de derechos básicos — alimento, agua, atención médica — para la población bajo ocupación. Se espera que los países miembros de la ONU reclamen seguimiento al dictamen y evalúen mecanismos de cumplimiento.