Tras negociaciones estratégicas, México se compromete a entregar al menos 350,000 acre-feet de agua anualmente al vecino del norte bajo el Tratado de Aguas de 1944, con plazos y mecanismos más predecibles.

El acuerdo surge luego de presiones de Estados Unidos, que había advertido posibles incrementos arancelarios por incumplimientos previos en el cronograma de entregas. La decisión busca garantizar seguridad hídrica para comunidades texanas y reducir tensiones geopolíticas en la cuenca del Río Bravo/Grande, donde la escasez ha afectado agricultura y consumo humano. México también se compromete a trabajar de manera conjunta con autoridades norteamericanas a través de reuniones mensuales para monitorear la entrega de agua y saldar un rezago histórico en aportaciones. 
 
Este acuerdo no sólo evita un choque comercial con Estados Unidos —socios inseparables en el comercio y cadenas productivas— sino que redefine la cooperación bilateral sobre recursos naturales críticos. Para México representa un ejercicio de diplomacia pragmática que prioriza estabilidad externa sin renunciar a su soberanía.
 
La efectividad operativa de este pacto será clave para temas agrícolas, económicos y de políticas públicas en regiones fronterizas.