La iniciativa para expedir una Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales —impulsada por el Ejecutivo y en proceso de consulta— propone devolver al Estado la rectoría sobre concesiones y prohíbe la transmisión privada entre particulares, con el argumento oficial de frenar mercados ilegales y priorizar el derecho humano al agua.

Organizaciones campesinas y ganaderas han respondido con movilizaciones: bloqueos de carreteras y llamados a paro nacional el 24 de noviembre, y concentraciones locales que ya se anuncian en plazas como la Benito Juárez en Delicias, Chihuahua.

Los líderes agrarios advierten que sin la posibilidad de transferir derechos de agua las tierras pierden valor y ponen en riesgo la viabilidad económica de comunidades rurales; la CONAGUA y la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) defienden la reforma como mecanismo para garantizar acceso y uso sustentable.

El Congreso programó foros de consulta sobre concesiones y usos del agua para incorporar voces técnicas y regionales antes de avanzar en el dictamen.