Tras la aprobación de la reforma hídrica, productores agropecuarios y transportistas —principalmente de zonas rurales— expresaron su rechazo decidido, acusando a legisladores de “traición”, y advirtieron que incrementarán bloqueos en todo el país como medida de presión. 

En conferencia realizada el 3 de diciembre de 2025, líderes del sector agrícola y del transporte señalaron que la reforma afectará gravemente derechos sobre concesiones de pozos agrícolas y el acceso al agua para cultivos y ganadería. Advirtieron que los cambios se aprobaron sin la consulta debida a las comunidades rurales. Aseguraron que, de no haber modificaciones, recurrirán a protestas masivas, incluidas rutas de transporte y autopistas —lo que podría paralizar logística de alimentos y distribución de mercancías. Denuncian que la reforma no garantiza certeza jurídica para productores, lo que pone en riesgo empleo, producción agrícola y seguridad alimentaria. 

La tensión entre el gobierno y los sectores afectados expone debilidad en la comunicación y en la percepción de consulta social. Si se concreta el incremento de bloqueos, podría exacerbarse la crisis de logística nacional, impactando cadenas de suministro y generando costos adicionales. A mediano plazo, la reforma requiere ajustes puntuales o compensaciones claras para lograr equilibrio entre regulación hídrica y derechos productivos.

El pulso está prendido: la reforma avanza, pero la capacidad de movilización del campo y transporte convierte cualquier día en potencial flash-point. El gobierno debe gestionar tanto técnica legal como políticamente para evitar un conflicto mayor.