El reciente accidente del Tren Interoceánico vuelve al centro de la agenda pública el debate sobre la seguridad, transparencia y gestión de grandes obras en México, con legisladores de oposición exigiendo investigaciones profundas y mayor supervisión federal.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) el pasado 28 de diciembre se ha consolidado como una de las noticias nacionales más relevantes de cierre de año tras confirmarse 13 personas muertas y 98 lesionadas, algunas de gravedad. La unidad, que transportaba pasajeros en una ruta clave que conecta el Pacífico con el Golfo de México, se salió de la vía en una curva cuando se dirigía hacia Coatzacoalcos.

Este tren forma parte de un proyecto de infraestructura estratégica que el Gobierno federal impulsa como alternativa logística al Canal de Panamá, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico regional y la competitividad internacional. Sin embargo, este siniestro —el tercero en la misma línea este año— ha encendido alertas sobre los protocolos de seguridad, supervisión técnica y la gestión de obras de gran escala en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad, desestimando de momento las acusaciones de deficiencias estructurales o corrupción en la adjudicación de contratos. Grupos de la oposición, incluidos legisladores del PRI y PAN, han exigido una auditoría independiente y responsabilidades claras, señalando posibles irregularidades previas en obras del sector.

Familias de las víctimas han recibido apoyo gubernamental para gastos funerarios y atención médica, mientras que organismos civiles han pedido reforzar la transparencia y vigilancia ciudadana en la gestión de proyectos públicos de alto impacto. La Fiscalía General de la República (FGR) participa en el rastreo de causas y responsabilidades penales.

El impacto de este accidente va más allá de una tragedia aislada: reconfigura la percepción pública sobre la efectividad de la infraestructura federal, la gestión técnica de proyectos que involucran a la Sedena y a empresas privadas, y el nivel de rendición de cuentas que exige la sociedad mexicana. Las obras emblemáticas del sexenio —como el Tren Maya y el Interoceanico— han estado bajo lupa debido a costos, tiempos, accidentes y cuestionamientos éticos. El actual evento pone en evidencia la necesidad de reforzar regulaciones técnicas, evaluaciones riesgos-beneficio, y procesos de supervisión rigurosos para evitar riesgos mayores en el mediano plazo. 
 
Con la atención pública y política centrada en este incidente, las decisiones que tomen autoridades sobre investigación, transparencia y medidas correctivas durante los próximos meses definirán la confianza ciudadana en la próxima etapa de megaproyectos nacionales.