Tras el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó víctimas mortales, diputados y senadores de oposición exigieron al gobierno federal la suspensión inmediata de operaciones y la realización de una auditoría integral de la infraestructura ferroviaria. 

El legislador del PAN Daniel Chimal García y el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, lideraron la postura opositora, señalando que el siniestro evidencia fallas estructurales y de supervisión técnica. Argumentaron que las obras, bajo la gestión de la 

Secretaría de Marina, carecen de evaluación técnica rigurosa y que la seguridad de los pasajeros debe priorizarse antes de retomar operaciones. Ambos grupos políticos demandan auditorías a contratos, calidad de materiales y procedimientos de mantenimiento. La propuesta incluye la intervención de la Secretaría Anticorrupción para revisar posibles irregularidades. 

La presión política contra la ejecución de megaproyectos refleja una disputa más amplia sobre prioridades de gasto público, seguridad y transparencia en infraestructura. Los opositores buscan convertir este incidente en un punto de inflexión para exigir mayor rendición de cuentas.

Conforme avanza la investigación sobre el accidente, la tensión entre el gobierno y la oposición crecerá, con posibles implicaciones en el discurso político de 2026.