Tras el ataque que costó la vida al alcalde de Uruapan, el gobierno federal llamó a una sesión extraordinaria del gabinete de seguridad para coordinar indagatorias y reforzar medidas preventivas en regiones afectadas por la violencia organizada.

En comunicado, Presidencia y la Secretaría de Seguridad detallaron despliegue de unidades especiales y colaboración con fiscalías estatales para el procesamiento de los detenidos y la investigación de redes que pudieron estar detrás del ataque.

Representantes del gabinete subrayaron la promesa de no permitir impunidad y la necesidad de reforzar protección a servidores públicos que han recibido amenazas.

La reacción política incluyó condenas de partidos y solicitudes de informes a la Fiscalía General de la República sobre avances periciales. La situación reaviva el debate por las estrategias de seguridad y la inversión en inteligencia civil.