El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego presentó este martes una denuncia ante la CIDH acusando al Estado mexicano de “persecución política”, derivada de procesos fiscales y judiciales que, según él, han afectado sus derechos humanos y libertad de expresión.

Salinas Pliego argumenta que acciones del Gobierno federal, incluidas auditorías y procedimientos fiscales, han sido utilizadas como herramientas de presión política en su contra. La denuncia apunta a que dichas medidas buscan limitar su participación en debates públicos y su influencia mediática, así como obstaculizar sus actividades empresariales. El empresario ha enfrentado diversas disputas legales con el Estado, incluidas decisiones judiciales sobre una deuda fiscal significativa.

La presentación ante la CIDH busca que se reconozcan violaciones a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la garantía de un debido proceso. El caso genera atención política debido a la relevancia pública del denunciante y las implicaciones que puede tener para la relación entre representantes empresariales y el entorno político actual.

La denuncia de Salinas Pliego ante un organismo internacional refleja una escalada en el conflicto entre sectores empresariales y el Estado mexicano, situando temas como la fiscalización, autonomía judicial y libertad de expresión en el centro del debate político. Este tipo de acciones puede influir en la narrativa pública sobre el equilibrio entre autoridad estatal y derechos individuales, especialmente en un contexto de polarización política.

El caso ahora será evaluado por la CIDH, un proceso que puede demorar meses o años, y plantea preguntas significativas sobre la relación entre actores empresariales y el Estado, así como los límites del uso de instrumentos legales con fines políticos.