EE. UU. detuvo todos los trámites de asilo y suspensión de visas para ciudadanos afganos, informando que “la pausa durará un largo tiempo”, medida que aviva el debate sobre derechos humanos y asilo político. 

El 30 de noviembre de 2025, en un comunicado desde Air Force One, Donald Trump anunció que su gobierno mantendrá una “pausa prolongada” — sin plazo definido — en la resolución de solicitudes de asilo, luego de un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca que provocó la muerte de un soldado de la Guardia Nacional. 

El agresor, identificado como un ciudadano afgano que había solicitado asilo anteriormente, fue señalado por autoridades como “radicalizado”. 

Paralelamente, el organismo migratorio estadounidense anunció también la suspensión inmediata de emisión de visas para personas con pasaporte afgano, así como la revisión exhaustiva de solicitudes pendientes. 

La medida provocó reacciones inmediatas: grupos de derechos humanos y organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre riesgos de violación a obligaciones internacionales de protección a refugiados y asilo político. 

Defensores de inmigrantes denuncian que la suspensión deja en limbo a miles de solicitantes, algunos huyendo de conflictos abiertos, persecución política o crisis humanitarias. 

La estrategia busca mostrar una postura de mano dura ante amenazas de seguridad, pero sacrifica compromisos humanitarios y deja en desprotección a quienes buscan refugio legítimo. A mediano plazo, la decisión puede tensar relaciones diplomáticas con países de origen y generar litigios por violación de derechos internacionales. Si se mantiene indefinidamente, el sistema de asilo podría colapsar, con consecuencias humanitarias y reputacionales para EE. UU.

La pausa impuesta marca un cambio drástico en la política migratoria estadounidense y abre interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad nacional y obligaciones internacionales de protección. La presión de organismos globales será clave para determinar el futuro de esta medida.