La mandataria señaló ante medios que se buscará una empresa certificadora internacional que supervise el estado de las vías y locomotora a raíz del accidente ferroviario en Oaxaca; además, refrendó la entrega de apoyos a las víctimas y familias afectadas.

Durante la mañanera presidencial del 30 de diciembre de 2025, Claudia Sheinbaum anunció que el Ejecutivo federal solicitará la participación de una certificadora internacional especializada para evaluar el descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, que provocó al menos 13 muertos y 98 heridos. Esta medida se suma a la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, con el objetivo de aplicar estándares técnicos mundiales en el análisis de causa y responsabilidad.

Sheinbaum explicó que la certificación abarcará una revisión completa de la vía ferroviaria y locomotora, así como la interpretación de dispositivos de registro —incluida la “caja negra” del tren—, con miras a garantizar que los hallazgos sean “irrefutables y transparentes ante la comunidad internacional y la ciudadanía mexicana”. Además, confirmó que se asignará apoyo financiero a familiares de víctimas para cubrir gastos inmediatos, y se establecerá un acompañamiento institucional permanente para cada caso.

La Presidenta insistió en que la investigación no solo debe esclarecer causas técnicas, sino también reforzar la seguridad operativa y confianza en proyectos estratégicos de infraestructura, un tema que ha generado debate político en torno a la gestión y supervisión de grandes obras públicas.

Este anuncio ocurre en un contexto político donde la rendición de cuentas y supervisión técnica de megaproyectos federales ha sido cuestionada tanto por sectores de oposición como por especialistas en infraestructura. La integración de una entidad certificadora internacional puede aportar un sello de imparcialidad y robustez técnica que fortalezca la credibilidad del proceso investigativo. Sin embargo, también puede intensificar el escrutinio público sobre las decisiones de inversión y adjudicación en obras prioritarias durante los últimos años, con implicaciones para la agenda política y la confianza ciudadana en el gobierno central. 

Con la investigación en curso y la inclusión de estándares internacionales en el análisis técnico, la administración federal busca conciliar demandas de transparencia con la necesidad de mantener la continuidad de proyectos estratégicos, proyectando un enfoque de responsabilidad y apertura en su cierre de 2025.