Con la renuncia de Gertz Manero y el periodo legislativo por cerrar pronto, el Senado prepara una terna para elegir al nuevo titular de la FGR; Godoy, exfiscal de la capital y consejera jurídica de presidencia, sobresale como opción dominante.

• Este 1 de diciembre de 2025 se dio a conocer la lista oficial de 43 aspirantes registrados para asumir la Fiscalía General. Entre ellos, Godoy —quien actualmente funge como encargada del despacho tras la renuncia de Gertz— aparece como la figura más sólida gracias a su experiencia como fiscal capitalina y su paso por la consejería jurídica de la Presidencia. 
  
  
• Según fuentes del Senado, en los próximos días se filtrará un listado reducido de aproximadamente 10 nombres. Esa terna será enviada a la presidenta del país — Claudia Sheinbaum — para su selección final antes del cierre del periodo legislativo a mediados de diciembre. Analistas coinciden en que el dominio de los partidos aliados en ambas cámaras puede facilitar una aprobación expedita.
  
  
• Aun así, grupos civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido que se garantice “transparencia total” durante el proceso, con criterio técnico, independencia judicial y sin influencia partidista directa. Señalan que los retos de la FGR —combate al crimen organizado, desapariciones forzadas, corrupción— requieren de un liderazgo con autonomía real y compromiso comprobable.
  
  
• En paralelo, el ambiente político se tensiona: la sucesión en la FGR ocurre en medio de críticas por impunidad histórica, solicitudes de justicia en casos emblemáticos, y una opinión pública que demanda resultados concretos. Esa presión aumenta la responsabilidad del nuevo fiscal —o fiscal interino— de dar señales claras de cambio.

La designación de Godoy como favorita evidencia la capacidad de consolidación del oficialismo para definir rápidamente cargos clave, lo que puede traducirse en estabilidad institucional a corto plazo. No obstante, dicha agilidad puede chocar con exigencias de independencia y escrutinio social: si el proceso transcurre como “cuestión de trámite”, se corre el riesgo de alimentar percepciones de impunidad o control político. La legitimidad del próximo titular dependerá tanto de su perfil técnico como de su disposición a transparentar acciones y dar resultados.

La decisión sobre la conducción de la Fiscalía definirá el rumbo de investigaciones clave en México —crimen organizado, desapariciones, corrupción—. La elección no debe entenderse como nombramiento administrativo, sino como un punto de inflexión para la credibilidad del sistema de justicia.