La discusión sobre la reforma a la revocación continúa en el Congreso y en espacios académicos. Algunos expertos han advertido que alterar el calendario para empatar consultas con procesos electorales pone en riesgo la imparcialidad del proceso.

Otros actores políticos solicitan mayor tiempo para consenso y foros técnicos que clarifiquen dudas sobre logística y financiamiento. En paralelo, organizaciones civiles demandan transparencia y mecanismos que garanticen observación internacional si procede. La dinámica política muestra señales de negociación, pero también de polarización.