El gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la abrogación del decreto que desde 2022 permitía regularizar vehículos usados de procedencia estadounidense y canadiense, conocidos como autos chocolate. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2026, dando fin a un esquema que impactó el mercado interno y la seguridad vial. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía, firmó el decreto que elimina el marco normativo especial para la importación definitiva de autos usados que había operado con múltiples prórrogas desde 2021. Bajo este esquema, millones de vehículos sin documentación clara pudieron obtener placas a través de un trámite simplificado en 16 estados fronterizos y regiones con alta migración. 

La medida obligará a que toda importación y legalización de vehículos usados se rija por las disposiciones generales del T-MEC y la legislación de comercio exterior vigente, incluyendo requisitos de antigüedad, condiciones físico-mecánicas, aranceles y pedimentos aduanales. Organizaciones como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebraron el cambio, argumentando que aportará certidumbre al mercado interno y reducirá prácticas ilegales que generaron competencia desleal. 

Durante su vigencia, el programa permitió regularizar cerca de 2.9 millones de unidades, según cifras del Registro Público Vehicular, pero también enfrentó críticas por la alta proporción de vehículos que incumplían normas ambientales y de seguridad, así como por complejidades administrativas para su circulación fuera de las regiones fronterizas. 

La eliminación del decreto representa una corrección estratégica en la política automotriz del país, priorizando la formalización de importaciones y la homologación normativa. A nivel institucional, esto fortalece la coherencia regulatoria con el marco del T-MEC y reduce incentivos para prácticas que distorsionan la competitividad de distribuidores legales. Sin embargo, con más de dos millones de autos legalizados bajo el esquema anterior, quedan retos en la transición operativa para propietarios que ahora deberán adaptarse a nuevas exigencias documentales.

La derogación del decreto marca un hito en la regulación vehicular en México, potenciando la formalidad comercial y la seguridad vial, al tiempo que impulsa un mercado automotriz más transparente y alineado con estándares internacionales.