El nombramiento se formalizó en Palacio de Gobierno el 27 de noviembre de 2025; la administración estatal apunta a reforzar su equipo jurídico ante la agenda local y litigios pendientes.

Rivera Alcalá asumió el cargo con un compromiso de “rectitud” y de coordinación con dependencias estatales; la reubicación forma parte de una rotación en el primer círculo de la gobernadora. Observadores locales estiman que el impulso busca fortalecer la defensa de la entidad frente a controversias regulatorias y litigios que han cobrado visibilidad en meses recientes. Se esperan instrucciones públicas sobre prioridades jurídicas y transparencia en las primeras semanas.
 
El movimiento administrativo responde a la necesidad de consolidar estrategia jurídica estatal en un entorno político tenso —incluyendo temas de agua y seguridad—; la efectividad dependerá de la capacidad de generar acuerdos técnicos y jurídicos con otras instancias federales.
 
Seguimiento: revisar primeras directrices públicas del nuevo titular y su diálogo con dependencias federales.