La conclusión del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera provocó que más de 4 mil 500 unidades en el estado de Chihuahua quedaran sin certeza legal, al no alcanzar a completar el proceso administrativo correspondiente.

De acuerdo con información oficial, los propietarios de estos vehículos realizaron pagos, citas o trámites parciales antes de que concluyera la vigencia del decreto, sin embargo, al expirar el plazo ya no fue posible finalizar el procedimiento. Esta situación generó inconformidad entre ciudadanos, quienes ahora enfrentan restricciones para circular, vender o asegurar sus automóviles. Autoridades estatales han señalado que el problema se originó por la alta demanda, retrasos en el sistema y la falta de ampliación del programa por parte del gobierno federal.

Desde una perspectiva institucional, el cierre del decreto evidencia una planeación limitada y una brecha entre la política pública y la capacidad operativa. La regularización vehicular ha sido históricamente una herramienta para dar orden al parque vehicular y apoyar la economía familiar; sin embargo, la falta de mecanismos de transición deja un impacto social y económico directo, especialmente en zonas fronterizas como Chihuahua.

Mientras miles de vehículos permanecen en el limbo legal, crece la presión social para que las autoridades federales evalúen una prórroga o un esquema alternativo que brinde certeza jurídica y evite mayores afectaciones a la movilidad y al patrimonio de las familias chihuahuenses.