A 72 h del inicio de las movilizaciones, autoridades y empresas reportan afectaciones crecientes en el flujo comercial entre México y EE. UU. desde el estado. 

Movimientos organizados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano mantienen bloqueos en puntos estratégicos del estado —Puente Córdova-Américas (Zaragoza), tramos Delicias-Chihuahua, y cruces Ojinaga-Presidio—. Miles de camiones quedan varados y se reportan filas que alcanzan varios kilómetros; empresarios estiman pérdidas diarias millonarias por la interrupción del comercio y riesgo de desabasto de insumos. Guardias y autoridades locales han desplegado operativos de seguridad, aunque la dinámica del paro es mayormente pacífica. Los manifestantes exigen garantías sobre la iniciativa de Ley de Aguas, precios de garantía y seguridad en rutas. 

El cierre prolongado erosiona cadenas productivas regionales (maquiladoras y exportadores agrícolas); un esquema de contención rápido y negociado es clave para evitar daños estructurales en empleo y confianza empresarial. 

Chihuahua enfrenta un choque entre demanda social y riesgos económicos: la salida exige acuerdos técnicos y garantías claras.